La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de la República (PGR), dieron inicio a las correspondientes averiguaciones previas.
Esas instancias investigarán al menos diez fallecimientos de pacientes que no fueron trasplantados, pese a que estaban en la lista correspondiente para recibir ya sea un riñón, hígado o córneas.
El abogado representante legal de la asociación civil Conciencia Cívica, y el presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, presentaron pruebas documentales con las que buscan demostrar a la autoridad ministerial que el médico Luis Carlos Rodríguez Sancho, ex jefe de la unidad de trasplantes del nosocomio, es quien encabeza esta red delictiva de tráfico de órganos amparada, presuntamente, por funcionarios públicos estatales.
Uno de los documentos entregados destaca el caso de la señora Xóchitl Mestas Lomelí, quien padecía hepatitis C, diagnosticada hace cinco años. Ella contactó a Rodríguez Sancho en diciembre de 2007, depositó 400 mil pesos en una cuenta del médico y firmó cuatro pagares, cada uno por cien mil pesos.
Y en poco tiempo ya fue intervenida. El riñón que le trasplantaron no estaba sano. Eso le provocó la muerte varios meses después.
Otro caso que lograron documentar los denunciantes, que presentaron como prueba de cargo a la PGR, es el de un adolescente de 17 años, quien falleció recientemente y sus padres decidieron donar sus órganos de forma altruista a un hospital privado. Luego Rodríguez Sancho trasplantó el hígado del joven por 600 mil pesos.
Los órganos se comercializaban entre 200 mil y 2 millones de pesos, y quien podía pagar esas cantidades brincaba lugares en la lista de espera.
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